LOGROÑO, 18 de noviembre.

El Colegio de Economistas de La Rioja ha expresado hoy su creciente inquietud ante la considerable disminución de fondos destinados a su comunidad, así como por la capacidad de mantener la suficiencia de los servicios públicos. Esta preocupación fue planteada por Javier Santa Cruz, autor de un informe que examina las impactos de la financiación singular catalana sobre La Rioja.

Previo a la presentación de este informe en la Universidad de La Rioja, Santa Cruz comentó a los medios que, "la preocupación no radica únicamente en la pérdida de fondos, sino también en nuestra capacidad para financiar adecuadamente los servicios públicos."

La presentación del estudio contó con la presencia del decano del Colegio, Ernesto Gómez Tarragona, el autor Javier Santa Cruz, y el catedrático de Hacienda Pública, Juan José Rubio, así como del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, entre otros invitados.

En sus declaraciones, Santa Cruz explicó que el informe se ha elaborado analizando los escenarios de recaudación y distribución de los fondos a lo largo de los últimos tres a cinco años, para luego proyectar un par de escenarios que anticipan cómo podría impactar esta situación en el año 2026. Esto permite traer esas proyecciones al presente y evaluar su repercusión inmediata.

Ernesto Gómez Tarragona subrayó que el estudio proporciona una respuesta "en abstracto" sobre las posibles consecuencias de un acuerdo político relacionado con la financiación de Cataluña. "Digo en abstracto porque, al ser un acuerdo político, no se conocen aún los detalles técnicos", comentó.

El propósito del estudio es evaluar el impacto que podría tener en La Rioja la eventual decisión de Cataluña de dejar de contribuir al fondo común. Para ello, se han considerado dos escenarios: uno optimista, que asume un crecimiento sostenido en la recaudación, y otro más pesimista, que se basa en los niveles de recaudación de los últimos tres años.

Las estimaciones indican que La Rioja podría enfrentar una pérdida de recursos de entre 244 y 305 millones de euros, basándose en los cálculos correspondientes al año 2022. Santa Cruz enfatizó que "en ambos escenarios la pérdida es significativa", y advirtió sobre el surgimiento de problemas adicionales relacionados con otras fuentes de financiación.

Además, explanó que, aunque se han considerado factores como el Fondo de Garantía y el de Suficiencia, hay otras partidas que requieren una revisión. Aspectos como la sanidad, la educación y los servicios para la dependencia, que ya muestran un crecimiento exponencial, seguirán aumentando en esta era de envejecimiento poblacional.

En definitiva, Santa Cruz reiteró que hay motivos para estar alarmados, puesto que "no solo nos preocupa la pérdida de fondos, sino también nuestra capacidad de financiar correctamente los servicios públicos."

El presidente del Colegio de Economistas advirtió que los escenarios son inherentemente imprevisibles porque las decisiones políticas a menudo lo son. Este estudio busca determinar las consecuencias en el caso de que Cataluña no realice ninguna aportación y el Estado no compense dicha falta.

Si se dieran circunstancias como un aumento en las transferencias del Estado, un incremento en la presión fiscal, o una reconfiguración en la distribución de los impuestos, el panorama sería considerablemente distinto. Sin embargo, es fundamental reconocer que, en medio de un endeudamiento que supera el 100% del PIB, el margen de maniobra del Estado es limitado, con un compromiso frente a la Unión Europea de mantener un déficit por debajo del 3%.

Santa Cruz puntualizó que, aunque el Estado contribuye a La Rioja, la responsabilidad de la gestión del gasto recae en la Comunidad Autónoma, lo que significa que será necesario que las autoridades locales decidan dónde realizar las reducciones necesarias en sus presupuestos.

En cuanto a la concesión de un régimen especial a Cataluña, similar al de País Vasco y Navarra, advirtió que esto alteraría radicalmente el sistema, ya que "no podríamos seguir hablando de un sistema común, sino que se rompería el principio de solidaridad que sustenta el modelo actual".

Rubio, por su parte, aclaró que el análisis se basa en la premisa de que la solidaridad no será considerada en este proceso, aunque ya se insinúa que se incorporarán elementos de solidaridad, lo que podría situar a La Rioja en una posición desfavorable dentro de la horquilla de recursos disponibles.

Este nuevo escenario supone un recorte en los recursos disponibles y, a su juicio, representa una ruptura con el sistema de financiación autonómica vigente. "Necesitaríamos una revisión exhaustiva, dado que esto contradice el artículo octavo de la Constitución y, por ende, los consensos sobre el modelo de organización territorial del Estado", añadió.

Desde esta óptica, Rubio considera que estamos ante una situación lo suficientemente crítica como para replantear alternativas sobre la financiación autonómica en un marco común.

Finalmente, subrayó que la existencia de un sistema de gestión fiscal propio en Cataluña, a través de su Agencia Tributaria, genera un obstáculo para un control eficaz sobre los contribuyentes a nivel nacional. Esto podría derivar en "una falta de información y, por consiguiente, un aumento del fraude fiscal debido a la dislocación de los contribuyentes entre diferentes territorios y sus respectivas agencias tributarias".