• lunes 28 de noviembre del 2022

Amigos de la Tierra señala que son las compañías eléctricas "las causantes de subvencionar y corregir los tendidos"

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LOGROÑO, 18 Sep.

Amigos de la Tierra señala que son las compañías eléctricas "las causantes de subvencionar y corregir los tendidos". La mortalidad de aves por colisión y electrocución con tendidos eléctricos es un inconveniente ambiental de primer orden y particularmente forma el aspecto de amenaza mucho más importante para la conservación de nuestras aves rapaces.

En España mucho más de 5 millones de aves mueren anualmente a consecuencia de la electrocución, de las que no menos de 33.000 son rapaces, protegidas por la legislación nacional y también en todo el mundo. Por tanto, solo en La Rioja podrían perecer mucho más de 50.000 aves anualmente por dicho fundamento.

"Este alto daño que generamos a la fauna salvaje a través de las electrocuciones provoca que este gravísimo inconveniente ámbito pase por la agenda política y por los programas de las Administraciones eficientes", aseguran desde Amigos de la Tierra.

El marco de regulación nacional es el Real Decreto 1432/2008, que establece las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. En cambio, el marco normativo de referencia regional en estas cuestiones está anticuado, exhibe una falta de actualización respecto a la regla nacional y europea, puesto que se remonta a 1998 (Decreto 32/1998, de 30 de abril, por el que se establecen las reglas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas con el fin de resguardar la avifauna).

No obstante, aparte del marco nacional de referencia, otras leyes estatales influyen en la necesidad de asegurar la conservación de las especies conminadas y establecen visibles obligaciones legales de prevención y evitación de daños medioambientales por el peligro de electrocución de fauna, así como la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, la Ley 21/1992, de Industria, y la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

El cumplimiento de estas obligaciones de prevención y evitación de daños ambientales debe ser asumido expresa y legalmente por quienes produzcan esas ocupaciones de peligro, lo que emite de la Directiva 2004/35/CE de Responsabilidad Medioambiental, traspuesta a través de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental.

"Eso quiere decir que la obligación de asumir y arreglar los costos ambientales corresponde al operador económico y profesional que realice la actividad, no a la administración", afirman.

"Es verdad que las gestiones no tienen la posibilidad de mantenerse pasivas ni omitir, por rivalidad legal, sus responsabilidades en el requerimiento y/o subsanación de este inconveniente de protección de la avifauna, pero lo deben realizar demandando a los sucesos de las líneas eléctricas, al fin y al cabo, a las compañías de electricidad", siguen.

En los capitales en general de La Rioja -comentan- "se viene apoyando a través de convenios por igual a las compañías eléctricas a fin de que corrijan los tendidos eléctricos. En el pasado ejercicio 2021 fue con 59.987,00 euros al tiempo que en los capitales que corresponden al 2022 sube a 50.000 euros. En la situacion del convenio firmado el año pasado entre la compañía Iberdrola y el Gobierno de La Rioja los dos aportaron exactamente la misma cantidad, 59.987,00 euros. Ahora la elabora que fué efectuar una convocatoria de subvenciones con un presupuesto de 60.000 euros".

Amigos de la Tierra de La Rioja "pensamos que resulta bien difícil argumentar a la ciudadanía que el Gobierno de La Rioja, en un contexto con costes energéticos infraccionados, en un territorio en el que el 15,1% de los hogares tiene una situación de pobreza energética, siendo la 4º red social autónoma de españa con esa mayor tasa, invierta elementos públicos en convenios con compañías eléctricas para la compromiso de acciones que corresponde inequívocamente a estas compañías".

Por ello, desde Amigos de la Tierra de La Rioja "demandamos que se actualice el marco normativo regional en armonía con los preceptos nacionales, con el fin de que se corrijan todas y cada una de las líneas eléctricas que causan inconvenientes a las aves".

Además, se preguntan:

a) ¿Por qué el Gobierno de La Rioja efectúa una inversión pública, y no pide a los operadores eléctricos privados el cumplimiento de la legislación, forzando a estos operadores a corregir los tendidos eléctricos, como les demanda la legislación nacional?.

b) Si los resultados positivos de una explotación son privados: ¿los perjuicios (arreglar y corregir los daños ambientales) deben ser sufragados con dinero público?

"Desde nuestro criterio, no tenemos en cuenta ni ético, ni razonable, ni legal, que con dinero público se deban corregir medianamente las líneas eléctricas operadas por compañías privadas".

Así, concluyen, "ciertas de esas compañías, que además de esto se autopublicitan como 'verdes', suprimen sus compromiso ambientales y legales, y el Gobierno de la Rioja, en lugar de reclamar las responsabilidades y la inversión para mitigar y corregir los inconvenientes, efectúa una convocatoria de subvenciones y además de esto con inversiones absurdas que difícilmente resuelven el inconveniente en un corto plazo".

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