LOGROÑO, 6 Sep.

La consejera de Agricultura, Eva Hita, anunció el día de hoy la realización de dieciocho inspecciones, catorce de ellas en bodegas, 2 en plantas de champiñón y 2 congeladoras de judía verde y zanahoria, para revisar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

En rueda de prensa al lado de la directiva general de Desarrollo Rural, Nuria Bazo, hizo un llamamiento "claro a favor de la concienciación" a fin de que haya unos costes "justos" para la uva, sabiendo, dijo, "la importancia que tiene para nuestra zona la viticultura".

Por ello, explicó, y ya que el Gobierno de La Rioja tiene un deber de "prioridad" con el cumplimento de la Ley de la Cadena Alimentaria este año se amplían las inspecciones y se tienen dentro las bodegas.

En las inspecciones, se verificará que se ha formalizado un contrato por escrito en todas y cada una de las operaciones de compraventa y, en él, se señala el valor del producto y que se están cubriendo los costos de producción para el agricultor.

En este sentido, Bazo ha insistido en que tienen que formalizarse contratos alimenticios por escrito antes de la distribución de los artículos agrícolas, o alimenticios, en todas y cada una de las relaciones comerciales que se generen.

"Es una obligación", dijo, "que los costos a abonar en el campo por la industria, los operadores o la distribución, cubran los costos de producción", ha insistido.

El contrato, ha destacado Hita, "es un vehículo de ordenación de la oferta" con lo que "es una cultura que debemos ir asimilando". "Debemos permearlo en nuestra forma de realizar", ha subrayado.

La Ley de la Cadena Alimentaria establece la prohibición de la venta a pérdidas; la transparencia en la capacitación de costos, con los costos de producción como base de los contratos, tal como una mayor transparencia en la contratación, con una obligatoriedad de las relaciones establecidos a través de el registro de contratos.

Bazo ha detallado que los contratos revisados se referirán a las campañas agrícolas 2021. "Con el cumplimiento de esta ley hablamos de eludir costos bajo el coste de producción, más que nada en este momento, con aumento de costos de las materias primas y del comburente", dijo.

A su juicio, "garantizar lo justo de quienes trabajan en el campo primario es el propósito. Es de justicia que se cubran los costos de producción, es de justicia que se prohíba la venta a pérdidas, que se les blinde en frente de prácticas comerciales infieles y se dote de trasparencia real a las relaciones comerciales".

En la situacion de infringir alguna de estas obligaciones, la compañía puede padecer una sanción, que cambia según el nivel de la infracción: de 205 euros hasta 3.000 euros si se cataloga como suave; entre 3.001 y cien.000 euros si se califica como grave; y entre cien.001 y un millón de euros si se considera muy grave.

Se considera infracción muy grave la no formalización por escrito de los contratos alimenticios en el momento en que esta formalización sea obligatoria o no integrar en el contrato alimenticio el valor.

Además de las inspecciones de trabajo, se van a poder efectuar inspecciones derivadas de las demandas. En este sentido la Autoridad de Ejecución adoptará todas y cada una de las medidas primordiales para resguardar la identidad de los denunciantes, tal como de cualquier otra información cuya divulgación el denunciante considere que sería amenazante para sus intereses.

La protección de la identidad del denunciante se garantizará tanto en vía administrativa como, en su caso, en vía judicial. En este último caso, la autoridad de ejecución, actuará en su nombre y representación, si es requisito, y siempre y cuando esa representación no suponga indefensión. No se notificará al denunciado de la identidad del denunciante.

Se tienen la posibilidad de gestionar las demandas en el registro ordinario de las Administraciones Públicas, dirigido a la sede de la Agencia de Información y Control Alimenticios.