LOGROÑO, 16 Mar.
La consejera de Agricultura, Eva Hita, anunció el día de hoy, en el Parlamento de La Rioja, que este mes de marzo se habilitará la convocatoria para la 'cosecha en verde' de uva y que se completarán las ayudas estatales con otras regionales.
Hita ha respondido, en el pleno de el día de hoy, a una pregunta del Partido Popular que ha amado entender si considera, el Ejecutivo regional, si con la 'cosecha en verde', dotada con quince millones de euros para toda España, se conseguirá "recuperar la estabilidad del mercado".
La consejera ha asegurado que, desde el Gobierno de La Rioja, se está "siempre y en todo momento en constante dialogo" tanto con el campo como con el Ministerio para arrancar "medidas de crisis para equilibrar la oferta y demanda".
Así, han completado a Europa Press fuentes de Agricultura, la contribuye a la cosecha en verde va a consistir en una compensación económica del cincuenta por ciento de la suma de la pérdida de capital adecuada a la ejecución de la cosecha en verde en la parcela para la que se pide la asistencia y los costos directos de destrucción o supresión de los racimos de uvas.
La pérdida de capital se calculará como el valor medio de la uva de las campañas que se tomen como referencia. Con la modificación publicada en el BOE y también impulsada por La Rioja para el cálculo de la asistencia se considerarán los costes de uva de las campañas en el instante precedentes a la pandemia, esto es, de 2017, 2028 y 2019.
De este modo, el valor por kilo de uva eliminado se ubicaría de media en 53 céntimos, veinte céntimos mucho más que con las condiciones iniciales establecidas antes de la modificación del Real Decreto. El precio por kilo de uva eliminado debería individualizarse dependiendo del desempeño de cada viticultor en todos y cada parcela.
La 'habitual' Noemí Manzanos le ha replicado a Hita que la vendimia en verde ahora se incorporó, en el año 2020, con un resultado "desilusionante, por el hecho de que solo llegaron ayudas a La Rioja para el treinta por ciento de las peticiones".
Ha añadido que quince millones de euros para toda España es poco dinero; y que 53 céntimos el kilo está "lejos del coste de producción".
En materia de seguridad laboral, el Partido Popular, en boca de la miembro del congreso de los diputados Begoña Martínez Arregui, ha amado entender las actuaciones desarrolladas en 2022 en app del Plan Director para la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral.
El asesor de Desarrollo Autonómico, Jose Ángel Lacalzada ha apuntado que "las primordiales actuaciones" se han apoyado en "mucho más elementos economicos y humanos a un servicio tan sensible y que estuvo descuidado mucho más de diez años" por el Gobierno del PP.
La 'habitual' Begoña Martínez Arregi ha recriminado de qué manera, "a pesar del plan directivo" y que se publiquen "nuevos encargados y un servicio nuevo mejor dotado" las familias y compañía están pagando un "prominente coste en accidentes y vidas humanas dificil de comprender".
En 4 años, ha apuntado, las víctimas fatales se han doblado de cinco a once; y en lo que llevamos de año, dijo, hubo cinco víctimas fatales.
Por tanto, ha pedido admitir que "no se han adoptado las medidas primordiales". Le ha recordado, además de esto, que los inspectores de trabajo han convocado una huelga por "falta de elementos".
Lacalzada empezó lamentando todos y cada uno de los accidentes laborales y fallecimientos, y asegurando que, "evidentemente" son una "prioridad absoluta".
Ha apuntado, sin embargo que La Rioja pertence a las tres comunidades autónomas que registra los como incidente laboral la Covid-15. Por tanto, "no es de las que mucho más" siniestro tiene, pues con los 1.500 de esta patología "baja la estadística".
Por otro lado, y a pregunta de Ciudadanos, el asesor Pablo Rubio ha negado que el Gobierno de La Rioja colaborara, de alguna manera, en el recurso de amparo que presentó la consejera de Igualdad, Raquel Romero, en su condición de miembro del congreso de los diputados por ser calificada como tránsfuga.
La representante de la capacitación naranja, Belinda León, ha apuntado "lo grave que es obtener a tránsfugas". A su juicio, solo el hecho de enseñar el recurso de amparo es "un insulto a el intelecto de los ciudadanos".
Ha exhibido su "calma" por la contestación de Rubio, si bien no ha olvidado que Romero ha comprado el aparato juridico con su sueldo, que sale del bolsillo de ciudadanos.
"Mejor nos hubiese ido si se hubieran empleado los cincuenta millones de su consejería en médicos de Atención Principal", ha aseverado.
Para Rubio es "digno de respeto" que Romero haya anunciado el recurso en virtud del derecho que le da el sistema democrático. Ha visto en León situaciones "inquisitoriales".
Por último, la miembro del congreso de los diputados de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha preguntado por el hecho de que, si el 3 de agosto se aprobó la Ley de Economía popular y concedía un período de seis meses para la creación del Consejo de Economía Social y Solidaria, "cuál es la razón de que prosiga sin haberse constituido".
Lacalzada ha reconocido que llevan un mes de retardo pero ha garantizado que en el mes de abril se formará. "Nos encontramos haciendo un trabajo, observando como es la elabora mucho más participativa", dijo.
Moreno ha reprochado al Gobierno "sacar bastante pecho de la ejecución de fondos pero olvidando el eje popular y la necesidad de transformación del modelo productivo".
