• sábado 28 de enero del 2023

Admiten y año y medio de prisión todos los acusados por tener trabajadores sin contrato, ni sueldo

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LOGROÑO, 5 Sep.

Los 2 acusados, un padre y también hijo, causantes de una compañía de cosido de piezas de zapato, han recibido un año y medio de prisión cada uno de ellos, por un delito contra los derechos de los trabajadores y por un delito contra la salud y seguridad se los trabajadores, al tener obreros sin estar dados de alta en la Seguridad Social, no pagarles y tenerlos operando con "peligro grave y también inminente para la seguridad".

En la conformidad admitida está mañana en la Audiencia Provincial, donde se iban a evaluar este tema, se ha aplicado la atenuante de dilaciones incorrectas y tras admitir los hechos, cada acusado fué culpado a 1 año de prisión y multa de seis meses a 6 euros al día por un delito contra los derechos de los trabajadores y a 6 meses de prisión y 6 meses de multa a 6 euros al día por un delito contra la salud y seguridad se los trabajadores.

Además la pena incluye el pago conjuntamente y caritativa en término de compromiso civil de las proporciones y cuotas impagadas que sean reclamadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social por los trabajadores no asegurados mucho más los intereses legales.

Como responsable civil subsidiaria responderá la compañía de contratación propiedad de los acusados. Estas proporciones se van a fijar en ejecución de sentencia y según el acta levantada por la Inspección de Trabajo.

Tampoco van a poder efectuar ninguna actividad de administración de sociedades civiles o mercantiles a lo largo del tiempo como condena. Las penas fueron suspendidas por un período temporal de tres años supeditadas al pago que se fije como compromiso civil.

El Fiscal ha apoyado la suspensión de la pena atendiendo a que el tiempo como condena entra en los límites legales, a que los acusados no tienen antecedentes penales y a que su situación de vivienda en España está regularizada.

En los hecho se recogía que la Inspección de Trabajo asistió a la compañía el 20 de febrero de 2017. En ese instante estaban haciendo un trabajo 12 personas y comprobó que solo tres estaban dadas de alta en la Seguridad Social.

De los otros nueve, seis no tenían permiso para residir ni trabajar en España y los otros tres, pese a tener dicho permiso, no figuraban dados de alta en la Seguridad Social.

El fiscal relató en su escrito de qué forma las condiciones laborales de estas personas se fundamentaban en una jornada de trabajo de unas ocho horas y se había pactado el cobro de la hora a entre tres y cinco euros.

Sin embargo, los trabajadores que estaban sin permiso de vivienda no había recibido cantidad alguna y no deseaban denunciar los hechos dadas sus situaciones personales.

Además, los acusados incumplían la Ley de Prevención de peligros laborales. Así, la Inspección comprobó la presencia de "un

peligro grave y también inminente para la seguridad y salud de los trabajadores que allí estaban".

En el sitio, la Inspección advirtió peligro de explosión por la utilización de adhesivos próximos a una bombona de butano. Además, los trabajadores estaban expuestos a estas substancias adhesivas sin aparato de protección individual.

También, peligros eléctricos debido al deficiente estado de la instalación eléctrica, con enchufes colgando fuera de la pared, cables pelados, empalmados y estropeados colgando por el techo del local.

Había una falta de iluminación y ventilación natural, ya que las ventanas estaban cubiertas por mantas y no había no ventilación artificial por extracción localizada.

Se une un apilamiento de cajas con pares de zapatos y demás material que impedían circular apropiadamente, tal como falta de limpieza y orden por norma general y estado deplorable de cuidado y mugre de los aseos.

Dadas estas situaciones, la Inspección de Trabajo levantó una orden de paralización de la actividad creada en ese centro de trabajo ese día.

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